DESTRÁS DE MI VENTANA
Por Jaime Miguel Carreño. La reciente reforma aprobada por el Congreso de Hidalgo, que elimina la obligación de los presidentes municipales de obtener autorización previa del Cabildo para celebrar contratos y convenios de interés público, se presenta como una medida orientada a modernizar y agilizar la administración pública. Sobre el papel, el argumento resulta atractivo: menos burocracia, respuestas más rápidas a las necesidades ciudadanas y mayor capacidad para aprovechar recursos estatales y federales dentro de plazos cada vez más estrictos.
No cabe duda de que los municipios enfrentan con frecuencia obstáculos administrativos que retrasan obras, programas sociales y proyectos de infraestructura. También es cierto que, en algunos ayuntamientos, las diferencias políticas entre alcaldes y regidores pueden convertirse en mecanismos de bloqueo que terminan afectando directamente a la población. Desde esa perspectiva, permitir que los presidentes municipales actúen con mayor autonomía puede traducirse en una gestión más eficiente y dinámica.
Sin embargo, toda concentración de facultades debe analizarse con cautela. La experiencia mexicana demuestra que la corrupción rara vez surge por falta de regulaciones, sino por ausencia de controles efectivos. Al eliminar la revisión previa del Cabildo para la firma de contratos, se reduce uno de los pocos espacios de discusión pública y supervisión política que existen a nivel municipal. Aunque la reforma mantiene candados importantes para decisiones de gran impacto, como la venta de bienes inmuebles o la contratación de deuda, la operación cotidiana del presupuesto queda en manos de una sola figura: el alcalde.
El principal riesgo no es la agilización de los trámites, sino el margen de discrecionalidad que se abre. Cuando desaparecen los contrapesos, aumenta la posibilidad de que los contratos terminen favoreciendo a proveedores cercanos, grupos de interés o aliados políticos. Lamentablemente, no se trata de una preocupación teórica. La historia administrativa del país está llena de ejemplos donde la asignación de contratos públicos ha estado marcada por el favoritismo y la falta de transparencia.
Por ello, el debate no debería centrarse en si la gestión debe ser rápida o lenta. La verdadera discusión es cómo lograr gobiernos eficientes sin sacrificar la rendición de cuentas. Agilizar procedimientos es deseable; debilitar mecanismos de vigilancia, no necesariamente. La eficiencia administrativa y la transparencia no son objetivos incompatibles, pero requieren equilibrio.
En mi opinión, esta reforma tiene un propósito legítimo al buscar acelerar los procesos municipales. No obstante, abre una puerta demasiado grande para que los contratos sean otorgados a los “preferidos” de la administración en turno. Y eso es algo que, para bien o para mal, ya hemos visto muchas veces en México. El reto ahora será demostrar que una mayor libertad de acción para los alcaldes puede coexistir con mecanismos robustos de vigilancia. De lo contrario, la prometida eficiencia podría terminar convirtiéndose en sinónimo de discrecionalidad.