Engranes de Poder
Por Victor González Herrero
En política, las traiciones rara vez se anuncian, los pactos casi nunca se firman frente a las cámaras y la justicia, cuando alcanza a quienes alguna vez compartieron la misma mesa del poder, inevitablemente despierta preguntas que van mucho más allá de los tribunales. Chihuahua se convirtió en escenario de una historia palaciega donde se mezclaron lealtades rotas, agentes extranjeros infiltrados, investigaciones judiciales, aspiraciones frustradas y una sucesión gubernamental que tomó una dimensión bastante más compleja de lo que cualquiera hubiera imaginado.
La detención de César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua y durante años uno de los colaboradores más cercanos de la gobernadora panista María Eugenia Campos, no es un acontecimiento menor. Hablamos de un personaje que conocía las entrañas del gobierno estatal, sus decisiones y, seguramente, buena parte de sus secretos. Su captura, ocurrida el pasado 17 de octubre, abrió un expediente judicial que también tiene profundas implicaciones políticas.
El origen del escándalo se encuentra en un operativo contra un laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, realizado en abril pasado, en el que participaron agentes de inteligencia estadounidenses cuya intervención no contaba con las autorizaciones correspondientes. Posteriormente, un accidente carretero provocó la muerte de cuatro personas: dos integrantes de la CIA y dos funcionarios de la Fiscalía estatal. Lo que inicialmente parecía un asunto de cooperación en materia de seguridad, terminó por convertirse en una controversia sobre soberanía nacional, responsabilidades institucionales y posible “Traición a la Patria”.
La investigación llevó hasta Jáuregui, contra quien se formularon acusaciones por presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y, desde el ámbito federal, traición a la patria. Será la justicia la encargada de determinar responsabilidades, porque una acusación, por grave que resulte, no equivale a una sentencia. Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó a extenderse.
Y aquí aparece la primera gran interrogante: ¿cómo pudo desarrollarse una operación de semejante naturaleza sin que la titular del Ejecutivo estatal conociera sus alcances? Si efectivamente no estaba enterada, estamos frente a un problema delicado de conducción y coordinación institucional. Si tenía conocimiento, entonces las preguntas serían otras. Ninguna de las dos posibilidades puede darse por demostrada simplemente porque resulte conveniente para alguna narrativa política.
La reacción de Maru Campos tampoco pasó inadvertida. La gobernadora respaldó las investigaciones y sostuvo que nadie está por encima de la ley, una posición institucionalmente defendible, pero políticamente complicada cuando el señalado fue durante tantos años parte de su círculo de más confianza. En los gobiernos, la cercanía suele presumirse cuando las cosas marchan bien; cuando llegan las dificultades, las distancias aparecen con sorprendente rapidez.
No se trata de exigir complicidades ni de reclamar protección para quienes pudieran haber cometido irregularidades. Todo lo contrario. Pero resulta legítimo preguntarse dónde terminaban las atribuciones del fiscal y dónde comenzaba la responsabilidad política de quien encabeza el gobierno. Porque la responsabilidad penal es individual, mientras que la responsabilidad política tiene dimensiones mucho más amplias.
Hasta aquí podríamos hablar de una crisis de seguridad y de un conflicto dentro del gobierno panista. Pero sería ingenuo ignorar el calendario. Chihuahua renovará su gubernatura en 2027 y, como sucede en cada sucesión, las decisiones de hoy inevitablemente serán examinadas a la luz de los intereses de mañana.
Del otro lado del tablero, Morena tampoco llega precisamente libre de tensiones. La designación del ex panista Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la llamada defensa de la transformación dejó fuera a la favorita Andrea Chávez, una figura que había construido una intensa presencia pública y que parecía decidida a disputar hasta el último momento la posibilidad de encabezar el proyecto guinda en Chihuahua.
La senadora terminó aceptando -de muy mala gana- el resultado, aunque las diferencias entre los grupos políticos no desaparecieron por decreto ni por una fotografía de unidad. Posteriormente recibió la coordinación municipal en Ciudad Juárez, un movimiento que puede interpretarse como un intento de mantenerla dentro de la estructura partidista y evitar que la competencia interna se convierta en una fractura mayor.
Y es justamente en medio de este escenario, donde comienza a circular una versión particularmente llamativa: el posible entendimiento político entre sectores del gobierno estatal y Morena de cara a la sucesión. Algunos llegan incluso a hablar de una supuesta entrega del estado.
Conviene ser muy claros. Hasta ahora no existen elementos públicos suficientes para afirmar que Maru Campos haya pactado con la Presidenta Claudia Sheinbaum entregar Chihuahua a Morena. Pero la aparición de semejantes versiones resulta interesante como fenómeno político.
Tampoco debe perderse de vista que las autoridades federales tienen la obligación de investigar cualquier posible violación a la soberanía nacional, independientemente del partido que gobierne Chihuahua. Pero esa obligación no elimina el escrutinio sobre el uso político que los distintos actores puedan hacer de una investigación judicial. Justicia y disputa electoral pueden coincidir en el tiempo sin que una demuestre automáticamente la existencia de la otra.
Porque en política no todo lo que parece un pacto necesariamente lo es, ni toda ruptura demuestra una traición. Pero cuando los aliados terminan enfrentados, la justicia entra en escena y los aspirantes comienzan a reorganizarse, hay una pregunta que inevitablemente queda flotando: ¿estamos viendo cómo se hace justicia o cómo se está reacomodando el poder?
Al tiempo.