- Editorial
En la administración pública, la gestión cultural requiere de un manejo técnico y jurídico constante. En las últimas semanas, la Secretaría de Cultura de Hidalgo, dirigida por Neyda Naranjo Baltazar, ha intervenido en tres situaciones específicas que involucran la autonomía de los ayuntamientos, el cumplimiento de decretos estatales y la regularización de bienes inmuebles del Estado.
Estos episodios permiten analizar una gestión que se ha basado en la aplicación de las leyes vigentes y en la mediación entre instituciones y grupos civiles.
El conflicto más reciente surgió cuando la presidencia municipal de Pachuca intervino diversos muros y bardas con pintura artística en el sector centro, cubriéndolos totalmente con un solo color de con pintura. El argumento oficial del gobierno municipal fue que estos espacios presentaban pintas de grafiti y que, bajo su criterio técnico, la obra original ya no cumplía con una función estética de limpieza urbana.
La Secretaría de Cultura emitió una postura crítica ante estas acciones. La dependencia señaló que el arte urbano en zonas con valor patrimonial o vinculadas a programas de fomento artístico debe ser respetado por las autoridades locales. Naranjo Baltazar enfatizó que el municipio no debe decidir de forma unilateral sobre estas intervenciones sin considerar los procesos de registro y protección del patrimonio cultural urbano.
Respecto a las corridas de toros, la Secretaría de Cultura ha mantenido una postura de neutralidad institucional. Esta posición se fundamenta en el cumplimiento del decreto vigente desde el año 2012, el cual declara a la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Hidalgo.
Ante las protestas de grupos antitaurinos, la dependencia ha manifestado que su obligación legal es respetar y validar las manifestaciones que cuentan con este reconocimiento oficial. La gestión se ha limitado a garantizar que se respeten los derechos de quienes participan y asisten a estas actividades, basando su decisión en el marco jurídico estatal y no en valoraciones personales sobre la actividad.
En cuanto al edificio ubicado en la calle de Allende, que ha sido sede de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, la Secretaría de Cultura ha iniciado un proceso de regularización administrativa. Durante años, la situación jurídica de la posesión de este inmueble propiedad del Estado debe ser transparente.
La postura de la Secretaría no es la de un desalojo, sino la de establecer un esquema de transparencia legal. El objetivo es formalizar la ocupación mediante un convenio o comodato que cumpla con los requisitos de la administración pública. Con ello, se busca reconocer el trabajo de la organización civil, pero asegurando que el control y la propiedad del inmueble permanezcan debidamente registrados y bajo la normativa de bienes del Estado.
De tal forma la Secretaría de Cultura de Hidalgo ha pasado de la organización de eventos a la resolución de problemas legales y administrativos. Al intervenir en la protección de murales frente a las acciones municipales, mantener la validez de los decretos sobre tradiciones y buscar el orden en el uso de edificios públicos, la dependencia establece una línea de trabajo centrada en la legalidad.
Este enfoque de mediación técnica indica que la institución prioriza el cumplimiento de las normas por encima de la confrontación política o la aprobación en redes sociales.