PUNTO ARGUMENTAL
La ilusión de la propiedad se ha vuelto uno de los negocios más rentables del negocio tecnológico. Pagamos por música, películas, libros y videojuegos bajo el botón que dice “comprar”, sin embargo, en las letras chiquitas de los contratos de adhesión lo único que adquirimos es un permiso temporal de uso que las corporaciones pueden revocar en el momento que consideren conveniente.
El debate cobró fuerza nacional tras la denuncia presentada ante la Comisión Nacional Antimonopolio por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. El señalamiento contra la empresa Sony por su decisión de eliminar los videojuegos en formato físico para 2028 pone sobre la mesa una discusión que va mucho más allá del entretenimiento: la urgencia de legislar sobre los derechos de los consumidores en el entorno digital.
Cuando una compañía decide cerrar el formato físico, rompe de tajo la libre competencia. Desaparece la posibilidad de acudir a una tienda a buscar un descuento, se anula el mercado de segunda mano, se prohíbe el préstamo entre particulares y se invalida el derecho a heredar o transferir un bien por el que ya se pagó. La tienda digital de la propia empresa se convierte en el único proveedor, fijando precios sin contrapeso alguno.
Teóricos de la economía digital como Aaron Perzanowski y Jason Schultz han documentado extensamente el fenómeno de la “desaparición de la propiedad”. Cuando el ciudadano pierde la posesión física de los bienes que adquiere, pierde también la autonomía sobre sus decisiones de consumo. No es un asunto de oponerse al avance tecnológico ni al formato digital; se trata de evitar que la transición tecnológica se traduzca en desprotección jurídica para millones de usuarios.
La iniciativa de ley anunciada para transparentar el lenguaje comercial —evitando que se llame “compra” a lo que en realidad es un alquiler condicionado— sigue la ruta trazada por regulaciones en la Unión Europea y California. El reto de los marcos legales modernos no es frenar la innovación, sino impedir que la concentración de las plataformas digitales convierta a los usuarios en rehenes de las decisiones unilaterales del mercado.
Al final, garantizar que lo que se paga siga perteneciendo a quien lo adquirió no es un privilegio de la comunidad tecnológica, sino un principio elemental de certidumbre jurídica en el siglo XXI.