Por León Cáster. La polémica sobre el calendario escolar 2025-2026 dejó algo más grave que el debate sobre vacaciones anticipadas: exhibió un preocupante desorden institucional dentro del propio gobierno federal.
Primero hay que dejar algo claro. Lo anunciado por la SEP y el CONAEDU no fueron “ideas”, “borradores” ni “propuestas preliminares”. Fueron acuerdos oficiales.
El 7 de mayo de 2026, la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado Carrillo, difundió un comunicado oficial tras la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. El encabezado no deja espacio a interpretaciones: “SEP y autoridades estatales acuerdan por unanimidad cambios al calendario escolar 2025-2026 por calor y Mundial de Futbol”.
Ahí se informó oficialmente el adelanto del cierre del ciclo escolar, la modificación del Consejo Técnico Escolar, el cierre administrativo en junio, las semanas de reforzamiento académico y el inicio del siguiente ciclo. Todo redactado como resoluciones ya tomadas.
Y eso tiene lógica. Para dicha reunión viajaron a la Ciudad de México los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas. Eso implica boletos de avión, transporte terrestre, hospedaje, alimentos, logística, personal de apoyo y viáticos. Recursos públicos importantes.
Nadie moviliza a todo el aparato educativo nacional únicamente para intercambiar ocurrencias.
Precisamente la función del CONAEDU es construir acuerdos entre Federación y estados. Pensar que semejante despliegue ocurrió solo para “hacer propuestas” resulta poco creíble administrativa y políticamente.
Sin embargo, el escenario cambió cuando comenzaron las críticas de asociaciones de padres y madres de familia, organizaciones civiles y algunos sectores educativos. Entonces aparecieron las matizaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró posteriormente que el calendario todavía debía revisarse y que no podía afectarse el derecho a la educación ni los días efectivos de clase.
Y ahí comenzó el problema.
Porque si el tema todavía estaba en revisión, entonces el comunicado oficial de la SEP fue irresponsablemente categórico. Pero si ya existía un acuerdo formal, entonces lo que ocurrió después fue un evidente retroceso político frente a la presión pública.
Ambas versiones chocan entre sí.
Más interesante aún es analizar la naturaleza de las críticas de algunas asociaciones de padres de familia. Varias organizaciones hablaron de rezago educativo, pérdida de aprendizaje y afectaciones académicas. Ese argumento es válido y merece atención seria.
Pero junto a ello también apareció otra preocupación menos mencionada públicamente: el impacto familiar y doméstico de tener a los hijos más tiempo en casa.
Y ahí conviene ser honestos.
Si la inconformidad central es verdaderamente pedagógica —es decir, que los alumnos perderían aprendizaje— entonces el debate está correctamente planteado. México sí enfrenta un rezago educativo importante tras la pandemia y cualquier reducción del tiempo efectivo de clases debe justificarse técnicamente.
Pero si parte importante de la presión proviene más bien de la dificultad de reorganizar dinámicas familiares, laborales y de cuidado infantil durante un periodo vacacional ampliado, entonces el enfoque del debate cambia completamente.
Porque una política educativa no puede evaluarse únicamente desde la logística doméstica de los adultos.
Eso no significa minimizar el problema de miles de familias trabajadoras que dependen de la escuela como espacio de organización diaria. Significa simplemente reconocer que el centro de la discusión debería ser el aprendizaje de los estudiantes y no solamente quién cuidará a los niños durante más semanas.
El gobierno, además, cometió otro error: exhibir una evidente falta de coordinación interna.
Resulta difícil entender cómo una reunión nacional de esa magnitud pudo realizarse sin que previamente existiera una postura perfectamente alineada entre Presidencia y la SEP. ¿Nadie revisó el impacto político? ¿Nadie anticipó la reacción social? ¿Nadie acordó el discurso oficial antes de emitir un comunicado nacional?
La presidenta Claudia Sheinbaum y Mario Delgado terminaron enviando mensajes distintos sobre un mismo tema. Y cuando eso ocurre en asuntos de política pública nacional, la ciudadanía percibe improvisación.
Porque no se trató de una diferencia menor de matiz. Se trató de una contradicción pública entre la máxima autoridad del país y el titular de Educación.
El fondo del asunto quizá todavía pueda corregirse. El calendario puede ajustarse, regionalizarse o replantearse. Pero el daño político ya ocurrió: el gobierno proyectó descoordinación precisamente en un tema que requería claridad, planeación y certeza institucional.