PUNTO ARGUMENTAL
Exhibir a periodistas mediante listas, padrones de señalamiento o señalamientos públicos con nombre y apellido no es un ejercicio de transparencia; es una táctica de estigmatización que invalida el debate técnico e incrementa la vulnerabilidad de la prensa. Cuando el escrutinio sobre un trabajo de investigación se desplaza de los datos al plano de la identidad del reportero, la crítica pierde su carácter público para convertirse en un blanco de hostigamiento.
La experiencia internacional demuestra que la elaboración de listas oficiales o semi-oficiales sobre comunicadores genera un patrón predecible de riesgos. El caso más documentado ocurrió en Ucrania en mayo de 2016, cuando el portal Myrotvorets filtró los datos personales de más de 4,000 periodistas locales e internacionales que habían cubierto el conflicto en la región del Donbás. Entidades como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentaron que la publicación de ese padrón desató campañas masivas de acoso, amenazas de muerte y la revocación injustificada de credenciales, exponiendo físicamente a reporteros en zonas de alto riesgo.
Un fenómeno similar se consolidó en Filipinas bajo la práctica institucional conocida como red-tagging o “etiquetado rojo”. La inclusión de comunicadores y medios independientes —como el portal Rappler— en listas públicas de señalamiento gubernamental no solo derivó en ciberacoso y demandas judiciales en serie, sino que, según reportes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), creó un entorno de permisividad que precedió a agresiones físicas y asesinatos de comunicadores en regiones periféricas.
Desde la teoría de la comunicación, estas prácticas operan mediante el denominado “efecto inhibidor” (chilling effect). La lista no busca refutar una cifra o corregir un dato mediante el derecho de réplica; su función es enviar una señal disuasoria al resto del gremio para desincentivar la cobertura de temas sensibles. Al señalar personas en lugar de argumentar sobre hechos, el análisis informativo se sustituye por la polarización directa.
El derecho a la información exige que el trabajo periodístico esté sujeto al contraste, la verificación y la discusión pública. Sin embargo, utilizar la estructura institucional para elaborar padrones o estigmatizar profesionales cruzará siempre la línea de la fiscalización ciudadana para internarse en el terreno de la intimidación.