- Editorial
En la política internacional, los partidos verdes nacieron de una necesidad científica y social profunda. En la Europa de los años 70 y 80, figuras emanadas de la resistencia nuclear y el activismo académico fundaron agrupaciones como Die Grünen en Alemania, financiadas por una base social que exigía una alternativa al desarrollo industrial. En México, el origen fue distinto: una estructura cupular que, lejos de las aulas o la defensa del suelo, se consolidó como una plataforma de pragmatismo electoral. Esta génesis explica por qué, tres décadas después, la agenda ambiental en el país parece supeditada a la conveniencia de la coalición en turno, dejando la congruencia en un plano secundario.
La postura contra la tauromaquia es uno de los ejemplos más claros de esta disonancia técnica. Bajo un discurso de protección animal de consumo rápido, el Partido Verde ha impulsado la prohibición de las corridas, omitiendo el impacto ecológico que esto conlleva. El toro de lidia es el eje rector de las dehesas, ecosistemas que funcionan como santuarios de biodiversidad donde cohabitan miles de especies vegetales y animales. Sin la viabilidad económica del campo bravo, estos terrenos quedan vulnerables ante la deforestación para uso agrícola intensivo o el desarrollo inmobiliario. Al atacar el síntoma de lo que sucede en el ruedo, el partido ignora el diagnóstico de la pérdida masiva de hábitat, privilegiando la percepción pública sobre la conservación integral.
Esta selectividad se traslada a los proyectos de infraestructura masiva. Mientras que el ecologismo global se rige por el principio de precaución, en México el Partido Verde ha mantenido un silencio institucional frente a la intervención de los cenotes y el acuífero en el Tramo 5 del Tren Maya. A pesar de la evidencia documentada por especialistas sobre la fragilidad del suelo kárstico y la contaminación de las reservas de agua dulce, la bandera ecológica ha permanecido plegada. Lo mismo ocurre en Puebla con el Cablebús: el riesgo de fragmentación del Parque Benito Juárez y la falta de transparencia en sus estudios de impacto ambiental no han encontrado una oposición firme en la dirigencia partidista, lo que sugiere que la viabilidad técnica es negociable frente a la alianza política.
La incongruencia no es solo ambiental, sino sistémica. En el plano social, el partido ha transitado de propuestas extremas como la pena de muerte para secuestradores -ajena a cualquier plataforma verde internacional- hasta el respaldo actual a la interrupción legal del embarazo. Estas oscilaciones no responden a un proceso de evolución ideológica, sino a un ajuste de posición dentro del bloque a conveniencia. Asimismo, mientras se promueven leyes animalistas a nivel federal, la realidad en municipios críticos como Ecatepec, donde el maltrato y el abandono de la fauna urbana son una crisis de salud pública, no figura en la agenda de prioridades, pues el costo político de la intervención directa en zonas complejas supera el beneficio mediático de la propaganda.
Al final, el análisis de las multas impuestas por las autoridades electorales por el uso de influencers en veda electoral o el financiamiento irregular, revela una estructura que opera con la lógica de una corporación y no de un movimiento social. El Partido Verde en México ha logrado algo inédito: profesionalizar la política utilizando el color verde como un activo de mercadotecnia. Mientras la crisis climática exige decisiones basadas en datos y rigor científico, el modelo mexicano persiste en privilegiar el cálculo de votos sobre la regeneración natural, demostrando que en el tablero nacional, la ecología es solo el envoltorio de un producto diseñado para la permanencia en el poder.