- El sector ligado al “bienestarismo”, que hoy representa una industria millonaria en servicios para mascotas, impone su agenda sobre festejos regionales como el Día de la Cruz.
La suspensión del tradicional concurso del “puerco encebado”, programado para este 3 de mayo en Zacatlán, ha encendido nuevamente el debate sobre la legitimidad de las tradiciones frente a lo que analistas denominan el “animalismo comercial”. Lo que por décadas fue un pilar de la convivencia en las fiestas patronales, hoy es catalogado como “maltrato” por instituciones que, según voces locales, operan bajo una visión urbana ajena a la realidad del campo.
El Instituto de Bienestar Animal (IBA) de Puebla justificó la cancelación bajo el argumento de que la práctica genera “lesiones y estrés” en el ejemplar. Sin embargo, sectores de la población civil y organizadores de ferias ven en estas medidas una postura radical que busca higienizar la cultura popular para adaptarla a una sensibilidad moderna que, paradójicamente, ha convertido el cuidado de los animales en un nicho de mercado altamente rentable.
El crecimiento del interés por el bienestarismo no es casual. Diversos estudios de mercado indican que el sector de los “pet-parents” y la industria de productos para animales ha crecido exponencialmente en la última década. Para los críticos, este “animalismo comercial” suele ser selectivo: mientras se persiguen tradiciones rurales como el puerco encebado o la pirotecnia en el Día de la Cruz, se ignoran las condiciones de vida de animales en otros entornos industriales.
El exhorto para “no echar cuetes” durante la celebración de la Santa Cruz es visto por los sectores tradicionales como otra imposición de esta agenda. Los detractores del activismo señalan que estas campañas, aunque se presentan como humanitarias, atentan contra la libertad de culto y las expresiones identitarias de los pueblos, priorizando la tranquilidad de los animales de compañía sobre el rito comunitario.
La cancelación en Zacatlán no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia de intervención institucional que, según sociólogos, corre el riesgo de despojar a las comunidades de su autonomía festiva. Al no contar con “autorización” y ser señalados por el IBA, los organizadores se enfrentan a sanciones que criminalizan prácticas que forman parte del tejido social.