- La entidad logra disminuir un 23% los nacimientos en niñas de 10 a 14 años; estrategias impulsadas por el Gobierno Estatal arrojan resultados históricos.
Con una política enfocada en la protección de los derechos de la niñez, Hidalgo se ha consolidado como referente nacional en la prevención del embarazo temprano. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), la entidad se posiciona como el segundo estado con mayor reducción en la razón de fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años, registrando una caída del 23% en los últimos tres años, al pasar de 1.14 a 0.88 nacimientos por cada mil adolescentes.
Este avance es producto del fortalecimiento de la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual, bajo la instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar, articula a los sectores salud y educativo. Josue Jasan Vargas Olmos, encargado de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población, destacó que la profesionalización de docentes y personal médico ha sido clave para garantizar una educación integral de la sexualidad y el acceso a servicios de salud oportunos.
[Image showing a bar chart with the decrease in fertility rate among girls 10-14]
En materia de salud materna, Hidalgo también reporta indicadores favorables que superan el promedio nacional. Mientras que en el país la tasa de mortalidad materna es de 25 muertes por cada 100 mil nacimientos, en la entidad la cifra se reduce a 14 muertes, lo que refleja una atención más eficiente y accesible para las mujeres. Estas acciones forman parte de un plan estatal que busca garantizar la autonomía y el bienestar de las adolescentes, eliminando las barreras que limitan su desarrollo social y académico.
El Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de no bajar la guardia en estas acciones transversales, alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo. El objetivo central es continuar empoderando a las mujeres y adolescentes hidalguenses a través de la información y el autocuidado, asegurando que el ejercicio de sus derechos reproductivos y su participación económica sigan siendo prioridades en la agenda pública de transformación.