- El Congreso optó por distribuir competencias en lugar de vetar las corridas de toros a nivel nacional. Los amparos de grupos antitaurinos seguirán vigentes, pero su resolución dependerá de los congresos locales.
Por Ricardo Zárate Ramírez (Foto Moisés Zárate) La promulgación de la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales definió un panorama complejo para la tauromaquia en el país, al descartar la prohibición federal explícita que se había barajado en borradores previos del proceso legislativo. Con este esquema, el marco federal optó por delegar en los congresos y gobiernos estatales la facultad soberana de legislar, regular o restringir la fiesta brava dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales.
Especialistas jurídicos apuntan que, si bien el sector taurino el pasó el filtro de una prohibición centralizada, la actividad dista de encontrarse blindada ante el aparato legal. Las agrupaciones opositoras a las corridas conservan el derecho constitucional de interponer amparos contra normativas locales; no obstante, estos recursos jurídicos no tienen el alcance de revocar de manera automática las decisiones de las legislaturas estatales, fragmentando la discusión legal estado por estado.
De este modo, el futuro jurídico de la tauromaquia se descentraliza por completo, convirtiendo a los tribunales estatales y a los congresos locales en los escenarios principales donde se librarán las futuras batallas normativas entre colectivos animalistas y empresarios taurinos.
| Enfoque Jurídico | Alcance de la Nueva Ley | Instancia Decisoria |
| Prohibición Federal | Inexistente en el decreto final aprobado | Congreso de la Unión |
| Regulación y Litigios | Facultades plenas para prohibir o regular | Congresos Estatales y Tribunales Locales |