- Un informe de KPMG revela que el 33% del consumo en América es ilícito, generando un boquete fiscal de 8,500 millones de dólares; expertos urgen a una respuesta conjunta entre gobiernos y sector privado.
El continente americano se ha consolidado como un foco rojo para el comercio ilícito de tabaco. Según el informe ‘Consumo ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá 2025’, presentado por la firma KPMG, casi un tercio de los cigarrillos consumidos en la región provienen del contrabando. Esta actividad no solo representa un riesgo sanitario para los consumidores, sino que provocó pérdidas fiscales por 8,500 millones de dólares durante el año pasado, situando a México, Brasil y Canadá como las naciones más afectadas por esta sangría económica.
Durante el encuentro de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), especialistas señalaron que la región enfrenta una “tormenta perfecta” que facilita el tráfico: cadenas de suministro transfronterizas ya establecidas, vacíos regulatorios persistentes y una capacidad desigual entre los países para aplicar la ley. Para Susan Segal, presidenta de AS/COA, el contrabando no debe verse como un problema aislado, sino como un factor que socava directamente la seguridad comunitaria y la solidez económica de las naciones.
[Imagen de paquetes de cigarrillos apócrifos decomisados en una aduana fronteriza junto a sellos de autoridades fiscales]
Impacto en las finanzas públicas
El flujo de cigarrillos ilegales afecta la recaudación de impuestos destinados a la salud y programas sociales. En México, el fenómeno es impulsado por la diferencia de precios entre el producto legal, sujeto a rigurosos controles fiscales y sanitarios, y el de contrabando, que llega al mercado sin ningún tipo de supervisión.
- Pérdida Fiscal Global: 8,500 mdd en 2025.
- Países Líderes en Consumo Ilícito: Brasil, Canadá y México.
- Causas Identificadas: Porosidad fronteriza y falta de coordinación regional.
Hacia una estrategia de defensa conjunta
Ante la magnitud del problema, Iván Arvelo, director del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, hizo un llamado a cerrar filas mediante una respuesta integrada. La propuesta central es establecer puentes de intercambio de información en tiempo real entre organismos gubernamentales y el sector privado. Esta colaboración permitiría identificar amenazas con rapidez y desarticular las operaciones ilegales que, a menudo, sirven de financiamiento para otras estructuras delictivas más complejas.
La protección de las empresas formales y de la salud pública depende, según los expertos, de endurecer las sanciones y unificar los criterios regulatorios en todo el continente para evitar que los “vacíos” sigan siendo aprovechados por las mafias del contrabando.