ENGRANES DE PODER
Por Victor González Herrero. Hay promesas que se las lleva el viento. Otras, dejan una factura que la gente paga. En México, la promesa de construir un sistema de salud como el de Dinamarca, e incluso mejor, se convirtió en una de esas deudas que siguen acumulándose mientras millones de personas buscan atención médica, medicamentos y hospitales que respondan a sus necesidades.
Hace unos días, El Colegio de México presentó el estudio “Salud quebrada: Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México (2000-2025)”. Se trata de una gran investigación que analiza un cuarto de siglo de transformaciones en el sector y que pone sobre la mesa una realidad difícil de ignorar: el sistema de salud mexicano arrastra problemas estructurales que, lejos de resolverse, se han profundizado en los últimos 6 o 7 años.
Uno de los datos más alarmantes es que la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2020, a 44.5 millones en 2024. No estamos hablando de una diferencia estadística menor ni de una discusión entre especialistas. Estamos hablando de más de 44 millones de mexicanos que enfrentan dificultades para acceder a un servicio que, por mandato constitucional, debería estar garantizado.
El informe también documenta que los gastos de salud en los hogares aumentaron 73 por ciento entre 2014 y 2024. En otras palabras, enfermarse cuesta cada vez más y, para millones de familias, atender una enfermedad significa comprometer sus ahorros, endeudarse o sacrificar otros gastos indispensables. La salud, que debería ser un derecho, termina convirtiéndose en una carga económica.
Pero para entender cómo llegamos hasta aquí hay que regresar algunos años y hablar de una de las decisiones más trascendentes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la desaparición del Seguro Popular.
Conviene decirlo sin idealizaciones. El Seguro Popular tenía deficiencias, problemas de operación, limitaciones en su catálogo de enfermedades y, desde luego, casos documentados de irregularidades y corruptelas en el manejo de recursos. Negarlo sería faltar a la verdad. Sin embargo, también sería injusto desconocer lo que representó para millones de mexicanos que no tenían seguridad social y que, gracias a ese mecanismo, pudieron acceder a consultas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos que antes estaban prácticamente fuera de sus posibilidades económicas.
El Seguro Popular no era la solución definitiva al problema de salud pública en México, pero sí había construido una plataforma de financiamiento y atención para quienes históricamente habían quedado fuera del sistema. Tenía problemas que debían corregirse, instituciones que debían fortalecerse y recursos que debían fiscalizarse. La pregunta nunca debió ser si era perfecto, sino cómo hacerlo mejor.
Sin embargo, López Obrador eligió otro camino. Bajo el argumento de combatir la corrupción, presentó al Seguro Popular como un programa fallido, prácticamente inútil, y decidió sustituirlo por algo llamado Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. La promesa era ambiciosa: atención médica y medicamentos gratuitos para todos, sin importar su condición laboral o económica.
En diciembre de 2022, el presidente aseguró que para finales del año siguiente México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca o incluso mejor. La afirmación no era menor. Se estaba comprometiendo a transformar uno de los sectores más complejos del Estado mexicano en un plazo extraordinariamente corto. Pero entre el discurso y la realidad había una distancia que terminaría por hacerse evidente.
El INSABI nació muerto. La falta de planeación, los problemas de financiamiento, las dificultades administrativas y la ausencia de una estrategia y planeación suficientemente sólidas, terminaron por exhibir las limitaciones de un proyecto que llegó con la promesa de resolverlo todo. Apenas tres años después de su creación, el propio gobierno impulsó su desaparición y trasladó sus funciones al esquema del IMSS-Bienestar.
Hoy el IMSS-Bienestar enfrenta el enorme desafío de atender a la población sin seguridad social, en un contexto de carencias de infraestructura, personal médico, medicamentos y recursos financieros. No se trata de descalificar anticipadamente una institución ni de negar que pueda convertirse en una herramienta eficaz. Se trata de reconocer que cambiar de nombre, reorganizar dependencias o trasladar responsabilidades no resuelve por sí mismo los problemas de fondo.
Y justo el estudio del Colmex no se queda en el pasado. También advierte sobre los desafíos del nuevo Servicio Universal de Salud impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La intención de coordinar los distintos subsistemas puede representar una oportunidad, pero los investigadores señalan que el financiamiento sigue siendo insuficiente y que sin recursos, reglas claras y capacidad operativa, la universalidad corre el riesgo de quedarse nuevamente en el papel.
Que quede claro: las instituciones no se construyen ni se fortalecen a partir de la necesidad de borrar el legado del gobierno anterior. Se construyen a partir de lo que funciona, se corrige lo que está mal y se invierte en aquello que hace falta.
La salud pública no debería estar sujeta a los tiempos políticos, a las ocurrencias sexenales ni a la necesidad de presentar cada administración como el comienzo de una nueva historia. Porque los pacientes siguen enfermándose. El cáncer no espera a que se reorganice una institución; la diabetes no entiende de transiciones administrativas y una familia que necesita un medicamento no puede resolver su urgencia con una conferencia de prensa.
Dinamarca nunca llegó. El Seguro Popular desapareció. El INSABI tampoco sobrevivió. El IMSS-Bienestar intenta responder a una demanda enorme y ahora tenemos una nueva promesa de universalidad.
Porque cuando se trata de la salud, el costo de equivocarse no se mide en puntos de aprobación ni en discursos incumplidos. Se mide en personas que no reciben atención, tratamientos que no llegan y familias que terminan pagando de su propio bolsillo por un derecho que el Estado les prometió garantizar.
La pregunta inevitable es: ¿Cuántos mexicanos pagaron con su salud el costo de una promesa que nunca llegó a cumplirse?