ENGRANES DE PODER
Hay instituciones cuya importancia se entiende cuando comienzan a perder aquello que les dio sentido. El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de ellas. Durante décadas, México construyó una autoridad electoral autónoma para dejar atrás la época en que el gobierno organizaba las elecciones y era, al mismo tiempo, uno de los principales interesados en controlar sus resultados. Por eso, la crisis que hoy enfrenta el organismo no puede reducirse a Guadalupe Taddei ni a los señalamientos sobre su gestión. Lo que está en juego, es la confianza en una institución fundamental para la democracia mexicana.
La salida de Taddei, en medio de cuestionamientos sobre contrataciones, irregularidades y falta de institucionalidad, obliga a investigar, transparentar y deslindar responsabilidades. Las acusaciones deberán probarse conforme a la ley, pero tampoco pueden minimizarse. Sin embargo, sería un error creer que cambiar a quien ocupa la presidencia resolverá por sí solo el problema. La crisis también exige revisar las reglas que permitieron concentrar facultades y debilitar los contrapesos internos.
Para entenderlo, hay que mirar hacia atrás. Antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990, la Secretaría de Gobernación tenía un papel central en la organización de las elecciones federales. La desconfianza acumulada durante décadas hizo evidente que no bastaba con votar: era indispensable contar con una autoridad capaz de organizar los comicios sin depender directamente del gobierno.
La transformación fue gradual. En 1996, el IFE consolidó su autonomía respecto del Poder Ejecutivo y fortaleció su carácter ciudadano. En 2014 se convirtió en el INE, con nuevas atribuciones nacionales. Ninguna de estas reformas produjo una institución perfecta, pero todas formaron parte de un proceso para construir reglas, generar confianza y permitir la alternancia política. La autonomía electoral no fue un regalo: fue una conquista.
Con la llegada de Morena al gobierno en 2018, la relación con las autoridades electorales entró en una etapa de confrontación permanente. Las críticas al costo del sistema, a los salarios y a las decisiones de sus integrantes dieron paso a propuestas de supuesta transformación.
Cuestionar el funcionamiento de una institución es legítimo; modificar sus reglas también puede serlo. El problema aparece cuando las reformas reducen los contrapesos de un organismo cuya razón de existir es, justamente, actuar con independencia del poder político.
Un cambio merece especial atención. La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en octubre de 2024, otorgó a la presidencia del Consejo General facultades para designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Antes, esos nombramientos estaban sujetos a una lógica de decisión colegiada. El cambio amplió el margen de decisión de la presidencia y redujo la intervención del conjunto de consejerías en la integración de áreas fundamentales del instituto.
No significa que esa modificación pruebe las irregularidades que hoy se investigan. Significa que alteró el equilibrio interno y abrió una discusión legítima sobre la concentración del poder. Cuando una sola figura acumula facultades, la independencia institucional corre el riesgo de depender demasiado de quién ocupa el cargo y de cómo decide ejercerlas. Las instituciones democráticas no pueden descansar en las virtudes personales de sus dirigentes: necesitan reglas que funcionen incluso cuando quienes las encabezan fallan.
Por eso, la crisis del INE tiene dos dimensiones. Una es administrativa: esclarecer las contrataciones cuestionadas, transparentar los procedimientos y sancionar cualquier irregularidad que se acredite. La otra es institucional: recuperar la colegialidad, fortalecer los controles y evitar que las decisiones estratégicas dependan de una sola persona. Confundir ambas dimensiones sería un error; ignorar cualquiera de ellas también.
Rescatar al árbitro electoral exige más que encontrar un relevo para Taddei. Hace falta revisar las facultades de la presidencia, recuperar mecanismos efectivos de deliberación y garantizar que los nombramientos respondan a criterios de capacidad técnica, independencia y probidad. También se necesitan auditorías eficaces, transparencia en las contrataciones y rendición de cuentas. La autonomía no significa ausencia de controles; significa que estos se ejerzan conforme a la ley y no como instrumentos de presión política.
La elección de una nueva presidencia tampoco debería convertirse en una disputa por colocar a una persona cercana al gobierno o a los partidos. La Cámara de Diputados tiene una responsabilidad decisiva: contribuir a que la conducción del instituto recupere credibilidad y que su independencia no dependa de acuerdos políticos opacos. El reto es reconstruir la confianza antes de que el proceso electoral de 2027 coloque nuevamente al organismo en el centro de la competencia política.
México tardó décadas en construir una autoridad electoral autónoma. Esa historia no obliga a defender a sus funcionarios ni a conservar intactas todas sus estructuras. Obliga a comprender el costo de perder los contrapesos y el riesgo de confundir la transformación institucional con la concentración del poder.
Defender al INE no significa defender a quien lo encabeza. Significa exigir investigaciones, corregir las reglas y garantizar que ningún partido, gobierno o funcionario pueda convertir al árbitro en un instrumento propio.
La pregunta no es solamente quién ocupará la presidencia después de Taddei. La pregunta es si México tendrá la voluntad de corregir las fallas que hicieron posible esta concentración de facultades y preservar una autoridad capaz de organizar elecciones confiables.
Porque cuando la confianza en el árbitro se pierde, no solamente está en riesgo una institución. Está en riesgo la credibilidad de todo el juego democrático.
Al tiempo.