Perversas manos negras tras el “complot” para agredir a la Presidenta del Tribunal y funcionarias, en Tulancingo
- Al paso de los días, la presencia del rijoso, Juan Leonardo Pérez Téllez en un municipio del que no está avecindado, no parece la continuación simple y llana del reclamo que planteara en enero pasado ante la presidenta Claudia Sheinbaum, hay razones para suponer que todo formó parte de un armado escenario para permitir que se lanzaran toda una serie de insultos sin sentido a las servidoras públicas, que acudieron a Tulancingo al acto público del pasado día 13. Hay la presunción de un funcionario de la SEGOBH, supo con anticipación de lo que podría ocurrir y dejó pasar las cosas, como una forma de presionar al Ayuntamiento para evitar el cese de su esposa, que no cumplió con la certificación que exige el desempeño de su cargo
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Tras el incidente registrado el pasado 13 de mayo durante la celebración de la Mesa de Acercamiento de Bienestar y Paz, en Tulancingo, donde un sujeto, megáfono en mano, profirió toda serie de insultos contra mujeres funcionarias del gobierno del Estado, entre ellas la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rebeca Aladro Echeverria y la Titular de Delitos Sexuales y Contra la Familia, Lorena Cano García, llamándolas “terroristas”, comienzan a atarse los cabos que configuran una ruin acción concertada, descartando el desaguisado como producto de la casualidad.
A la luz de los hechos que aquí expondremos, la presencia de Juan Leonardo Pérez Téllez en un municipio del que no está avecindado, no parece la continuación simple y llana del reclamo que planteara en enero pasado ante la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una gira presidencial en Tizayuca, donde pidió castigo al director de un colegio al que señala como presunto agresor sexual de su menor hijo. De hecho, como reconoció el rijoso que llevaba en su celular anotado el guion para atacar e insultar de manera directa a las funcionarias presentes, la Jefa del Ejecutivo le proporcionó el apoyo solicitado siendo atendido por la Fiscal, Ernestina Godoy.
Hasta donde tenemos entendido, la investigación de su caso sigue su curso, por lo que hay más que una duda razonable de los verdaderos motivos que lo llevaron a enfilar ataques con un oculto sentido político, al extremo de ser abucheado cuando al más puro estilo prianista, pidió ayuda a Donald Trump. En una palabra, terminó embrollado en el sinsentido de su armado sketch.
Pero, ¿cuáles fueron realmente los motivos por los que Pérez Téllez viajó hasta Tulancingo para prestarse a ejercer violencia de género de manera pública a las funcionarias que junto con la alcaldesa, encabezaban el acto público?
Preste atención: Tras los hechos, se ha fortalecido la versión de que días antes de evento público, un medio de comunicación local fue requerido para cubrirlo, a petición del Procurador Jurídico del Ayuntamiento de Tulancingo, Pedro Escudero. El inusual documento que corrobora la versión, al parecer, fue filtrado por la dirigente del Colectivo “Mujeres Tule”, Rosa María Flores Ojeda, mejor conocida con el sobrenombre de “Morrigan”.
De acuerdo a lo que comienza a trascender, de esta petición cobertura donde detonó la agresión verbal, tuvo conocimiento previo, Rogelio Santos Hernández, Director General de Gobernación en la Región de Tulancingo, (tal funcionario depende directamente de la Subsecretaría de Desarrollo Político y la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo).
El tema que ahora salta a la palestra de la política estatal, es por qué sabiendo de lo que se estaba tramando por parte de un integrante del Cabildo y miembro de un grupo que desde hace meses ha buscado demeritar a la administración municipal, con aviesos fines políticos y ambiciones electorales, Santos Hernández dejó pasar el armando complot.
Hace unas semanas, Escudero fue mencionado en un encuentro con los medios por el Síndico Pedro Hiram Soto, hermano del ex alcalde Julio Soto, quien aseguró que en diciembre del 2024, se pretendió comprar su voluntad junto a la de la regidora del Partido del Trabajo, Dora Luz Guzmán y de Pedro Escudero, por destrabar algunas cosas del ayuntamiento. Por supuesto que ni los medios ni la clase política municipal se tragaron tal cuento porque quedó en claro la pretensión de los hermanos Soto, por volver a retomar el control de la Presidencia Municipal que antes ejercieron a través del PAN y ahora quieren hacerlo por Morena, sin mucho éxito.
En este entramado aparece otra pieza más en el amafiado rompecabezas pues la dirigente del Colectivo Mujeres Tule, la mencionada señora “Morrigan”, el pasado 8 de marzo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue señalada de haber permitido que en su “tendedero” –una especie de espacio de denuncia pública contra agresores—se colocara una foto de considerables proporciones del Secretario Municipal, señalándosele de acosador. Por supuesto que ante el temor de ser denunciada por acusaciones sin fundamento, la dirigente optó por retirar el falso denuesto contra el funcionario.
En Tulancingo la sociedad ha percibido cómo la líder se ha extraviado de los inicios de su lucha feminista hasta convertir su movimiento en un instrumento de beneficio personal. Varias mujeres aseguran que el pasado 8M y como parte de la conmemoración de la icónica fecha de lucha en el mundo, se solicitó el apoyo al gobierno municipal para instalar lo que ellas llaman La Mercadita. El ayuntamiento les dio todas las facilidades, pero sucedió que Rosa María Flores “Morrigan”, vendió los espacios en tres mil pesos, permitiendo que hombres, entre ellos artesanos de Teotihuacán, expusieran sus productos.
Parece que como suele acontecer, la dirigente ha sucumbido al poder del dinero, trocando convicciones por acciones totalmente ajenas a la sororidad, como fue el caso del Secretario del Municipio, que es uno de los objetivos de los ataques de los mencionados miembros del Cabildo ya citados.
El asunto se torna sumamente delicado pues parece que el delegado de la SEGOBH, Santos Hernández dejó pasar el golpe político por así convenir a sus propios intereses, no importándole pactar alianzas con los ex panistas. Se comenta con insistencia tras el ruin incidente del pasado día 13 que, al parecer, el funcionario no operó para desactivar la conjura porque su esposa, María Elena Arreola, titular de la Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer, está a punto de ser despedida al no cumplir con la certificación de competencia laboral obligatoria para cumplir sus funciones. Tal decisión está, por normatividad, en el área de facultades del Órgano Interno de Control.
La funcionaria municipal fue designada en su cargo el 4 de septiembre del 2024 y, por ley, tuvo un año para obtener la mencionada certificación, pero quizá confiada en el importante cargo de su esposo, dejó pasar el término legal, pero la ley es la ley. Parece que a Rogelio Santos se le hizo fácil ignorar lo que se venía en contra de las funcionarias para presionar a las autoridades municipales a no aplicar la ley en contra de su cónyuge, ejerciendo presión para no cesarla.
Además de la infidencia del medio que dejó en claro la contratación de espacio para difundir lo que se venía en contra de las participantes al ya referido evento, curiosamente –y conste que en política no hay casualidades–, quien proporcionó el megáfono al rijoso Juan Leonardo Pérez, fue nada menos que gente del Colectivo Mujeres Tule. Imposible que la señora “Morrigan”, finja demencia cuando en su organismo nada se mueve sin su autorización.
Rocambolesco el bochornoso asunto porque resulta absurdo que un colectivo feminista se haya prestado a ser instrumento para atacar y ejercer violencia de género a un grupo de mujeres, lo que demuestra que la líder “Morrigan” seguramente ha escuchado a hablar de los fundamentos de la verdadera Sororidad, solo en charlas de sobremesa.
Además de la Presidenta del Tribunal, Rebeca Aladro y la Fiscal de Delitos Sexuales, Lorena Cano, el “picapleitos”, agarró parejo en su descocado calificativo de “terroristas”, endosándolo a otras mujeres como la Subsecretaria de Desarrollo Político, Bertha Miranda Rodríguez –quien acudió en representación del Secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna–, e Isabel Sepúlveda Montano, Directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Sin dejar de mencionar los insultos también proferidos al Procurador del Estado y otros funcionarios del Poder Judicial.
Como se aprecia al jalar el hilo conductor de lo no visto en el acto del pasado día 13, hay mucho que explicar de algo que parecía ser una espontánea denuncia ciudadana, pero que puede encubrir la historia de los golpes bajos que manos oscuras e intereses perversos, comienzan a operar con claros fines políticos e intereses personales, con miras a las cercanas elecciones.
Lo más delicado y sancionable, es el probable conflicto de intereses en que pueden estar incurriendo funcionarios públicos. El asunto no es menor y amerita que desde el más alto nivel se apliquen los correctivos que procedan, antes que el mal ejemplo cunda y a cualquier otro servidor se le haga fácil prestarse a silencios cómplices, no importándoles que mujeres funcionarias, entregadas de manera profesional a su encomienda, puedan ser insultadas públicamente y de forma grotesca.