Por León Caster. Durante décadas entendimos la censura como una orden directa desde una oficina o la cancelación de un programa de radio. Hoy, el control sobre el debate público es más sutil y opera en la sombra mediante líneas de código. Quien decide qué leemos, qué nos indigna o qué temas desaparecen del mapa no es un editor periodístico, sino un algoritmo diseñado para maximizar el negocio de la atención.
Esta manipulación no es nueva ni patrimonio de un solo bando. Años antes del escenario político actual en México, investigaciones de instituciones como la Universidad de Harvard documentaron cómo potencias como Rusia y China desplegaron granjas de bots e Internet Research Agencies para intervenir en elecciones y potenciar narrativas de izquierda o de polarización en Occidente. El objetivo nunca ha sido el debate de ideas, sino la desestabilización digital del adversario.
Ahí radica la paradoja del escenario actual. Resulta inevitable cuestionar si quienes hoy buscan normar el ecosistema digital no están intentando regular las mismas herramientas de amplificación que en su momento contribuyeron a su ascenso político. La frontera entre la búsqueda de orden institucional y el control de la conversación pública suele ser extremadamente delgada para cualquier grupo en el poder.
Frente a este dilema toma relevancia el debate sobre los Principios de Chapultepec, el decálogo impulsado por el Gobierno Federal y la Secretaría de Ciencia para exigir un uso ético, transparente y explicable de la Inteligencia Artificial y los algoritmos. La clave para que este esfuerzo no se convierta en una herramienta partidista es garantizar que la transparencia sea simétrica: sacar a los sistemas de la “caja negra” debe servir para fiscalizar la guerra sucia de la oposición, pero también el uso de recursos e influencias desde el aparato público.
La transparencia algorítmica solo será una exigencia legítima de higiene democrática si no se aplica con una doble vara de medir. No se trata de permitir que ningún gobierno en turno controle la red, sino de garantizar que la ciudadanía interactúe en un entorno donde la verdad no compita en desventaja contra la especulación programada.