- Pese a su postura personal, el gobernador de Hidalgo destacó que la industria taurina es un motor financiero clave que garantiza el sustento de muchas familias en la entidad.
En una declaración que marca un equilibrio entre sus convicciones personales y su responsabilidad institucional, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció la relevancia de la industria taurina en la estabilidad financiera del estado. Si bien el mandatario ha reiterado en diversas ocasiones su rechazo al espectáculo en sí, fue tajante al señalar que la “Fiesta Brava” es un pilar generador de empleos y derrama económica, puntualizando que su administración debe ser respetuosa del marco legal vigente y de la operatividad de recintos como la Plaza de Toros Vicente Segura, pues de ellos dependen cadenas productivas que van mucho más allá de lo que sucede en el ruedo.
Este reconocimiento gubernamental llega en un momento de aguda tensión legislativa, donde empresarios, ganaderos y aficionados han alzado la voz para denunciar la incongruencia de quien promueve su desaparición desde el Congreso local. Los defensores de la tradición recuerdan que la tauromaquia fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Hidalgo en 2012, un blindaje legal promovido en su momento por los mismos sectores políticos que hoy intentan erradicarla. Para los ganaderos de la región, esta actividad es vital no solo en términos monetarios, sino ecológicos, ya que la crianza del toro de lidia permite la conservación de hectáreas de dehesas que de otro modo se perderían, además de activar sectores como el transporte, la artesanía, la hotelería y la gastronomía regional.
La defensa de la fiesta brava en Hidalgo no es un simple acto de nostalgia, sino una batalla por el respeto a un derecho cultural ya adquirido. Los empresarios del ramo argumentan que prohibir las corridas hoy representaría un golpe devastador para la economía de municipios con arraigo histórico, como Tepeapulco, Apan, Mineral de la Reforma y Pachuca. Insisten en que la identidad cultural, que en el estado tiene raíces desde 1528, no debe ser vulnerada por agendas políticas temporales, especialmente cuando existe una declaratoria de patrimonio que obliga al Estado a su preservación y protección efectiva frente a cualquier intento de censura.
Finalmente, el debate regresa al Poder Legislativo, pero ahora bajo la sombra de la advertencia económica validada por el propio Ejecutivo. La eliminación de la tauromaquia no solo borraría una herencia centenaria, sino que dejaría un vacío financiero en el sector rural y de servicios que difícilmente podría cubrirse a corto plazo. Mientras la discusión continúa, la administración de Menchaca Salazar ha dejado claro que, por encima de las percepciones éticas individuales, prevalece el compromiso con el bienestar social y la estabilidad económica de las familias hidalguenses que encuentran en la tauromaquia su principal fuente de vida.