En la política hidalguense trascendió que, pese a las críticas de algunas personas, la senadora por Morena, Simey Olvera, reportó un balance sumamente favorable en el desarrollo de sus informes regionales de labores legislativas. La legisladora ha logrado convocar a bases partidistas y representantes municipales en plazas clave como Tulancingo y Atitalaquia, consolidando el respaldo a la agenda de reformas constitucionales impulsada desde la Cámara Alta.
En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo trascendió la presentación del informe de labores de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, en una nutrida ceremonia llevada a cabo en el Auditorio Gota de Plata. El acto contó con la presencia del gobernador Julio Menchaca Salazar e invitados del ámbito político y social, destacando el reporte de más de 51 mil asuntos resueltos, el avance en la creación de nuevos juzgados especializados y el proceso de modernización digital en la impartición de justicia en la entidad.
En el municipio de San Salvador trascendió momentos de alta tensión luego de que habitantes de la comunidad de La Flor retuvieran al presidente municipal y a tres funcionarios de su administración para exigir el cumplimiento y ejecución de obras de infraestructura básica comprometidas previamente. La movilización obligó a la activación de mesas de diálogo por parte de la Secretaría de Gobierno del estado para negociar la liberación de las autoridades.
En la región del Valle del Mezquital trascendió el acuerdo histórico alcanzado por al menos 321 propietarios y representantes comunitarios del municipio de Huautla, quienes formalizaron un frente para frenar la cacería furtiva y la pesca ilegal en sus ecosistemas. Respaldados en sus usos y costumbres, las localidades acordaron fijar sanciones económicas que irán de los 15 mil a los 30 mil pesos a quienes vulneren o extraigan especies protegidas de la fauna silvestre local.
En el municipio de Nopala de Villagrán trascendió la presentación formal de una denuncia penal por parte del Gobierno del Estado ante la Procuraduría General de Justicia tras registrarse la quema intencional de una patrulla de la policía local durante disturbios de la zona. Las autoridades de la Subsecretaría de Gobierno confirmaron el inicio de las indagatorias para deslindar responsabilidades, descartando de momento un riesgo mayor a la gobernabilidad en la demarcación.